La batalla legal entre el consorcio Cefere Panamá, integrada por las empresas IBT Group e International Business and Trade, LLC y el Ministerio de Gobierno (Mingob), por la rescisión del contrato para la construcción de la nueva cárcel de mujeres ha llegado a la Corte Suprema de Justicia, luego de que la empresa presentó una amparo de garantías para que no se ejecute la fianza de cumplimiento.
El amparo está dirigido contra las notas No. OAL-MG-001053-20 de 10 de julio de 2020 y el acto aclaratorio consistente en la nota MG-OAL-2004-2020 de fecha 22 de julio de 2020, ambas emitidas por el Mingob.
En ambas notas el Mingob presenta formal reclamo de la fianza de cumplimiento a la empresa y su endoso.
No obstante, IBT Group alega que dicha fianza se venció el 7 de mayo de 2019 y no el 8 de febrero del 2020, como alega el Mingob.
El recurso precisa que tanto el Mingob en su resolución, como el Tribunal de Contrataciones Públicas señalaron y recalcaron la supuesta expiración de la fianza el 7 de mayo de 2019 y resulta, según la empresa, cuando menos insólito, que mediante la nota aclaratoria manifiesten ahora que el endoso tiene vigencia hasta el 8 de febrero 2020.
En mayo pasado el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas falló a favor del Mingob en la disputa legal con la empresa IBT Group Panamá por la construcción de la nueva cárcel de mujeres en Pacora, Panamá este, a un costo de $26.7 millones y la inhabilitó por tres años para suscribir contratos con el Estado.
Esta inhabilitación de tres años equivale a una suma de $4.2 millones, por el perjuicio económico ocasionado al Estado por su “desinterés en finalizar el proyecto que se adjudicó el 29 de marzo de 2017”.
Por este caso IBT Group también presentó una demanda contencioso administrativa ante la Sala Tercera de la Corte y ha pedido, además, que el litigio sea sometido a arbitraje.
